Imponen medida de aseguramiento contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar

El Tribunal Superior de Bogotá, impuso medida de aseguramiento en el lugar de su residencia, contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador electo del Cesar, por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en el año 2015.  

Monsalvo habría direccionado un contrato destinado a garantizar la alimentación escolar que ocasionó un detrimento de $2.983 millones de pesos  

La Sala Penal del alto tribunal acogió las pruebas entregadas por la Fiscalía General de la Nación que evidenciarían la manera en la que el mandatario direccionó un contrato del programa de alimentación escolar PAE, que tenía  el objetivo de velar por un aporte nutricional balanceado de los alumnos de instituciones oficiales, lo que generó un sobrecosto de $2.983 millones.  

“Los elementos probatorios advierten nueve anomalías graves en las fases contractuales, entre ellas, se destaca presunta falta de planeación al firmar un contrato por 81 días y no por los cinco meses que dura un semestre escolar. Esto obligó a realizar prorrogas en tiempo y adiciones presupuestales”, señaló en el ente investigador.  

Asimismo, se constató que en los estudios previos, presuntamente, no se estipuló el número de raciones a entregar ni a la población beneficiaria a la que estaba dirigido el contrato 0041 de 2015, que fue suscrito por el secretario general del departamento con un consorcio integrado por tres empresas y tenía el objetivo de prestar el servicio de alimentación a los estudiantes de las áreas rurales y urbanas del departamento.  

A su vez, se evidenció que no se priorizaron las comunidades indígenas, las cuales tienen una presencia importante en esta región, ni se establecieron dietas ni complementos para los estudiantes, quienes eran los supuestos beneficiarios de este contrato que tuvo un costo de $34.632 millones y un plazo de ejecución de 81 días hábiles, a pesar de haber sido firmado por $23.632 millones.  

“El material de prueba da cuenta que en la fase precontractual presuntamente existió un direccionamiento del contrato en favor de un consorcio específico al no existir un proceso claro de selección objetiva”, indicó la Fiscalía, y añadió que otra de las irregularidades que se pudo demostrar fue que se “habría asignado un rubro para la contratación de 1.752 manipuladoras de alimentos, aunque en realidad tan solo eran necesarias 350″.  

La decisión del Tribunal de Bogotá se produjo gracias a que el ente investigador logró argumentar que el gobernador Monsalvo, supuestamente, “orientó la contratación, benefició al consorcio y no supervisión el proceso contractual, tal y como lo exige la ley”, sino que delegó a otro funcionario, incurriendo en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.  

 

Por: Oscar Arzuaga